Gobierno de Chile

Chile ha logrado una envidiable estabilidad a nivel macroeconómico: disponemos de instituciones que funcionan; de un Banco Central autónomo, que vela por un nivel de inflación controlado; de un mercado cambiario abierto y sin  distorsiones, y de una política fiscal que tiene por objeto el correcto uso de los recursos públicos con una mirada de mediano plazo. No obstante, para retomar la senda del crecimiento no sólo las políticas macroeconómicas son necesarias. Se requieren políticas microeconómicas adecuadas que incentiven la inversión, el emprendimiento, la productividad y el desarrollo de nuevos negocios en los distintos sectores productivos. Esto nos impone el gran desafío de avanzar consistentemente en todas esas áreas.

El gobierno del Presidente Piñera ya ha dado importantes pasos en este sentido: recientemente se envió al Congreso Nacional un proyecto de ley que facilita el desarrollo de nuevos negocios en Chile. Esta iniciativa es muy importante, porque en nuestro país los pasos que actualmente deben cumplir los emprendedores para abrir un nuevo negocio son nueve, tres más que el promedio de los países de la OCDE. El tiempo que le toma a este nuevo empresario realizar esos procedimientos es de alrededor de 27 días, lo que en promedio en países de la OCDE toma sólo 13 días. El costo en el que incurre este empresario es de 6,9% del  ingreso per cápita, al tiempo que el promedio de la OCDE es de 4,7% del ingreso per cápita. Así, el proyecto actualmente en trámite, junto con otros que serán presentados, logrará un avance en cada una de esas variables, de manera talque a fines del presente año Chile se ubique en el grupo de países donde es más fácil emprender.

El progreso en materias microeconómicas no se consigue solamente a través de reformas legislativas; también se debe avanzar mediante mejoras de gestión y precisión de la normativa vigente, dando señales claras de los criterios a aplicar. Estos cambios, que a simple vista pueden parecer casi imperceptibles, generan un gran impacto, porque desburocratizan y dan certeza a los actores involucrados.

El gobierno del Presidente Piñera también ha decidido avanzar en este sentido. Un ejemplo de ello es la Resolución 1.800, dictada por la Dirección General de Aguas. Las materas de las cuales trata dicha resolución se ajustan plenamente a la normativa vigente. Básicamente, son aclaraciones de criterios relacionados con los derechos de aprovechamiento de aguas, como, por ejemplo, si procede o no el remate cuando las distintas solicitudes han sido presentadas por un mismo titular, o si procede el remate cuando, existiendo dos interesados en un mismo derecho, uno de ellos desiste y renuncia a su solicitud. Además, avanza en identificar bien el derecho de aprovechamiento de agua (especifica si es por referencias o por coordenadas UTM). La resolución evita agudizar el problema de sobreotorgamiento de derechos en el futuro, al señalar que no se va a aplicar el criterio de uso previsible. Finalmente, entre otras materias, la resolución también facilita el llenado de embalses y aclara si existe incompatibilidad en el caso en que una nueva solicitud afecte derechos ya otorgados al mismo solicitante.

Precisiones como éstas permiten progresar en la desburocratización de los procedimientos administrativos ante las autoridades correspondientes del Estado. Es de esperar que logremos los mismos resultados en otros sectores de la economía. Ello nos permitirá incrementar la eficiencia con la que funcionan los mercados de bienes, servicios e insumos, elevando así nuestros niveles de competitividad y productividad, lo que finalmente fundamentará la aceleración del crecimiento económico y el objetivo de llegar a ser un país desarrollado para el 2018.

Columna publicada en El Mercurio