Gobierno de Chile

Un 33% del territorio nacional está en manos del fisco. Y es el Ministerio de Bienes Nacionales, mandatado por el Decreto Ley 1.939, el encargado de administrar esos 25 millones de hectáreas.

Dos tercios de ese territorio están formados por parques, reservas y monumentos, que dan vida al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. De hecho, las áreas protegidas creadas por este Ministerio suman el 20% de la superficie nacional y representan el 55% del total resguardado en el país.

La nueva Ley de Turismo nos reconoce tuición sobre estos territorios y -en línea con la idea de que nadie cuida mejor que el propio dueño- entrega a Bienes Nacionales la facultad de otorgar concesiones para el desarrollo sustentable de la actividad turística al interior de las áreas protegidas, algo que hasta ahora nos estaba permitido marginalmente.

Es evidente que la diversidad biológica que allí se protege es uno de nuestros “bienes nacionales” más valiosos, pero, al mismo tiempo, no la hemos abordado en su real dimensión.

Especies como el copihue, el huemul y el cóndor no sólo son los símbolos patrios, sino que, junto con boldos, palmas y golondrinas, forman parte del acervo literario de poetas como Mistral y Neruda. Nuestros paisajes ofrecen espacios de recreación apreciados por los chilenos y el turismo de intereses especiales está en franca expansión. Así, desde la poesía a la economía, pasando por la recreación, la diversidad biológica contenida en nuestros parques y reservas constituye o provee bienes y servicios que inciden positivamente en la calidad de vida de la población, y representan subsidios de la naturaleza a nuestra economía. Cálculos recientes sugieren que las áreas protegidas aportan subsidios equivalentes a poco más del 2% del PIB.

Claramente, estas áreas protegidas constituyen un patrimonio de todos los chilenos que, históricamente, no ha sido reconocido como se debe, tanto por los escasos recursos con que se han gestionado, como por la incompleta institucionalidad que las rige.

Por eso es nuestro deber generar las políticas para asegurar el desarrollo sustentable de dicho patrimonio. Hay que entender que las áreas protegidas, como objetos de conservación en sí mismas, son potentes instrumentos para el desarrollo.

Chile tiene una larga tradición de conservación, pero sólo hoy la nueva institucionalidad ambiental contempla la creación de un servicio abocado exclusivamente a la administración de estas áreas protegidas. Parece oportuno, entonces, analizar amplia, profunda y abiertamente qué esperamos como nación de ellas.

Como Ministerio de Bienes Nacionales tenemos un sueño y podemos cumplirlo: transformar a Chile en un país cuyo patrimonio natural sea mundialmente reconocido, haciendo una gestión integrada del territorio. Esta economía de la conservación, como la hemos llamado replicando el exitoso camino transitado por Nueva Zelandia, nos permitirá transformar a la conservación en un motor de desarrollo en beneficio de todos: no sólo de los chilenos de hoy, sino también de los chilenos del mañana.

Con una gestión eficiente de su patrimonio natural, Nueva Zelandia convirtió al turismo en su segundo sector económico -aporta 9% de su PIB y 10% del empleo nacional- y ha sustentado el concepto de “Nueva Zelandia Limpia y Pura”, marca que le permite vender el resto de sus productos al mundo en condiciones privilegiadas.

A nivel mundial, las áreas protegidas comprenden múltiples formas, desde hábitats prístinos, sitios de relevancia cultural hasta paisajes de múltiples usos.

La tradición de nuestras áreas protegidas puede ahora potenciarse. Reconocer explícitamente sus funciones sociales, discutir fundadamente sus objetivos de largo plazo, poner en valor su aporte al desarrollo nacional, entre otros aspectos, es indispensable para continuar en una sólida senda de protección de nuestro patrimonio.

Columna publicada en El Mercurio