Gobierno de Chile

Las cifras entregadas el 13 de julio han generado un intenso debate. Es positivo que la pobreza vuelva a estar en el centro de nuestra conversación, pero resulta extraño observar un debate centrado en el pasado en lugar de reflexionar sobre el presente y el futuro. Sólo cinco de las 27 columnas escritas en estos días han comentado sobre las estrategias propuestas por el gobierno. Afortunadamente, esta semana la conversación tuvo un vuelco hacia una mayor perspectiva de futuro y unidad nacional en un proceso liderado por parlamentarios de distintos sectores.

Estos nuevos datos deben invitarnos a la reflexión. Después de avanzar por más de 20 años en forma particularmente exitosa en reducción de la pobreza, los últimos tres años sufrimos nuestro primer revés. En este periodo el número de chilenos en pobreza aumenta en 16% y el número de chilenos en pobreza extrema se eleva en 23%, mientras que el crecimiento de la población fue del 5%. Detrás de estos fríos números se encuentran 2.564.032 chilenos viviendo en situación de pobreza y 634.328 viviendo en estado de indigencia.

Un millón de niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza. Esto significa que el 40% del total de chilenos en pobreza tiene 17 años o menos. El diagnóstico es aún más preocupante después de combinar estos datos con los observados hace pocas semanas en el Simce. Terminar con la pobreza y reducir las brechas educacionales son los dos principales desafíos para construir una sociedad meritocrática donde los privilegios heredados no se reproduzcan.

Para avanzar es necesario entender las causas de este retroceso, las cuales pueden dividirse en dos grupos: externas e internas. Es válido y necesario preguntarse qué hubiese ocurrido en circunstancias externas distintas. Igualmente válido y ciertamente más útil es preguntarse cómo estaríamos en circunstancias internas distintas. Por definición, ambos contrafactuales explican el aumento en la pobreza. El primero está fuera de nuestro control y tiene relación con la crisis económica y con el precio de los alimentos. El segundo tiene directa relación con nuestra responsabilidad como gobierno y nos permite aprender de cara al futuro. ¿Qué nivel de pobreza tendríamos hoy con un aumento en nuestros niveles de productividad y empleo durante los últimos 10 años, o con un gasto social mejor focalizado? Alguien podría reclamar que estamos mirando el vaso medio vacío en lugar del vaso medio lleno. Puede ser, y no hay que negarlo, pero es la mínima exigencia que se merece una familia en situación marginal.

Nuestra política social tiene espacio para mejorar, y es justamente lo que busca el Ministerio de Desarrollo Social. Entre 1990 y el 2010 el gasto social aumentó casi cuatro veces. En la mayoría de los programas sociales hemos estado a oscuras sobre su verdadero impacto, o en el mejor de los casos, gracias al esfuerzo de la Dirección de Presupuesto, contamos con evaluaciones que permiten extraer conclusiones parciales. “Si no sabemos el impacto de nuestros programas sociales, entonces no somos mejores que los doctores medievales”, argumenta Esther Duflo, del MIT.

Tampoco contamos con un sistema de centros de costos simple y continuo que permita responder a la pregunta más básica de todas: ¿Qué proporción de los recursos llegan a las personas? A raíz de nuestros primeros esfuerzos hemos encontrado que programas importantes, como es el Programa Puente (parte del Subsistema Chile Solidario), cuentan con costos administrativos cercanos al 40% (*). En el Fosis este número es de 35%, lo que equivale a más de 40 mil viviendas de emergencia al año.

La estrategia del gobierno para enfrentar el desafío de la pobreza se basa en dos ejes centrales. Lo primero es recuperar la capacidad de generar empleo, y las últimas cifras reflejan que esto ya está ocurriendo. Las mejores estimaciones sugieren que este año se crearán más de 200 mil empleos. El 2006 el 10% más pobre tenía 0,76 personas ocupadas en promedio por hogar, número que cae 0,51 para el 2009. El desempleo en quienes se encuentran en extrema pobreza es de 51%.

El segundo eje tiene relación con optimizar nuestra política social. En este ámbito aparecen tres líneas de acción. (1) Enviar al Congreso antes del 1 de septiembre el proyecto que crea el Ministerio de Desarrollo Social. (2) Implementar el Ingreso Ético Familia a partir de marzo del 2011, y (3) Realizar una nueva medición de pobreza en diciembre del 2011, y de paso institucionalizar el aumento en la frecuencia y calidad de las mediciones de pobreza.

Si perseveramos en la línea de mirar hacia el futuro y centrar el debate en las soluciones, podemos estar optimistas. De lo contrario, nuestros niños y adolescentes tendrán que seguir esperando y nosotros seguiremos buscando explicaciones sobra las variables exógenas que explican el pasado.

*Esto sin incluir como costo administrativo las remuneraciones de aquellos que tienen directo contacto con las personas, como es el caso de los apoyos familiares.

Columna publicada en La Tercera